Demandan investigar Lavadero con tarjetas

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, II, III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, los que suscriben, Diputados Armando Luna Canales, Flor Estela Rentería Medina, Yerico Abramo Masso, Santos Garza Herrera, Jorge Enrique Dávila Flores, Edna Ileana Dávalos Elizondo y Francisco Saracho Navarro, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI por el Estado de Coahuila de Zaragoza de esta LXIII Legislatura, sometemos a consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En todos los procesos electorales es vital para el fortalecimiento de nuestra democracia que las candidaturas y las campañas sean lo más transparentes posibles, para permitirle a la ciudadanía hacer un juicio a conciencia, con los elementos suficientes para que quienes aspiran a la confianza popular se ganen el apoyo de la gente.

Contrario a esto, en Coahuila, el PAN se ha dedicado exclusivamente a campañas negras de total desprestigio. Esto tiene su origen desde el pasado intento fallido de su candidato Guillermo Anaya por ganarse el voto de un Estado que no confía en el, haciendo uso de recursos de procedencia incierta, siempre navegando bajo un estandarte de doble moral, pero en este proceso electoral, han llevado su desacato por la ley a niveles sin precedentes.

Como lo hizo saber ayer el PRI Coahuila con sendas pruebas documentales, tarjetas bancarias y testimonios de personas cercanas a la campaña del candidato Anaya, hoy el PAN se encuentra ejecutando una estrategia de compra de votos con un costo superior a los 70 millones de pesos, a través de supuestos sindicatos, del uso de cuentas bancarias apócrifas, de extorsión y de prácticas que francamente asemejan más el actuar del crimen organizado que de un partido político.

Así, por ejemplo, a través de los denominados “Consejos Ciudadanos” que se han venido formando en todo el Estado desde el inicio de este año y que no son otra cosa que un ejército electoral de 6 mil activistas a sueldo y dedicados a comprar votos para el PAN, Guillermo Anaya ha dispuesto millonarias cifras de dinero del cual no se sabe su procedencia y que debería llamar, al menos, a la sospecha. A la par de lo anterior, podrían configurarse diversos delitos cuando de por medio existen indicios de la utilización de ficticios sindicatos mediante los cuales se canalizan los recursos a sus “agremiados”, según puede consultarse en diversos medios de comunicación.

Todo esto, bajo las órdenes de Guillermo Anaya, un político que inspira desconfianza en propios y ajenos, que no ha podido ganar una elección desde hace más de 10 años y ha provocado hoy, con sus actos, que más de 6 mil personas se vean involucradas, voluntaria o involuntariamente, en una asociación diseñada para violentar el proceso electoral sin precedentes en la historia de Coahuila.

El perfil de Guillermo Anaya es, a todas luces, impresentable. Con familiares directos involucrados con capos del narcotráfico, con su chofer en prisión por dirigir una célula de secuestradores, con una mansión de más de 20 millones de pesos, que no podría pagar ni con el sueldo de todos sus cargos públicos juntos pero que él, de manera inexplicable, liquidó en tiempo record.

Que el Partido Acción Nacional lo haya designado su candidato a Gobernador no obstante a su pésimo historial electoral y su irreparable reputación solo deja en claro que el PAN en Coahuila, un ente de interés público que goza de financiamiento, se ha convertido en su franquicia personal para esconder sus verdaderos intereses y su ambición desmesurada.

Hace 6 años, el pueblo coahuilense le dio la espalda a Guillermo Anaya y al PAN por postular a un candidato con un historial negro y tener demasiados vínculos cuestionables. 6 años después, el candidato se hizo de una propiedad multimillonaria, su chofer y diversos militantes de su partido fueron enviados a prisión por perpetuar múltiples secuestros en la Entidad, y, sin ninguna vergüenza, se presentan una vez más a la contienda, esta vez con enormes cantidades de dinero que proceden de fuentes inciertas y con la compra de voluntades como la plataforma política para lograr un apoyo popular que no tienen y no tendrán jamás.

Compañeras y compañeros diputados, en Coahuila estamos ante el que parece ser el fraude financiero-electoral más grande en la historia de nuestra democracia. Más de 70 millones de pesos que aparecieron de la nada y están siendo depositados en cuentas apócrifas, de personas que no existen, y que están siendo utilizados para poner como Gobernador del Estado a un sujeto que no obstante que hace 6 años fue candidato, ni en ese entonces ni hoy presenta una declaración patrimonial o fiscal al público, que demuestren como es que se ha enriquecido tanto.

En Coahuila, más que una alternativa política, lo que esta compitiendo es una camarilla con tintes criminales, cuyo candidato empleaba secuestradores, con vínculos familiares con narcotraficantes, que ha sido denunciado por periodistas por amenazas, y hoy busca ser electo a través de dinero que proviene de fuentes oscuras. No lo podemos permitir.

El Partido Revolucionario Institucional ha presentado ya la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y es la premura del tiempo y la magnitud de los posibles delitos que se están cometiendo en el proceso electoral lo que, como diputadas y diputados federales de Coahuila, electos por voto popular, nos vemos obligados a buscar el apoyo de esta Soberanía, de la cual formamos parte, para exhortar puntualmente a las autoridades respectivas a detener, investigar, y castigar cuanto antes el posible fraude financiero-electoral que están ejecutando Anaya y el PAN en Coahuila.

Es por lo expuesto, y debido a la importancia de la materia y lo apremiante de este asunto, que acudimos ante esta H. Soberanía de la cual somos parte, para solicitar la aprobación de la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

Único: Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que detengan, investiguen, y castiguen cuanto antes el posible fraude financiero-electoral que están ejecutando en este Proceso Electoral Guillermo Anaya y el Partido Acción Nacional en Coahuila de Zaragoza.

 

 

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